El ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Cristián Delpiano, participó como orador en la primera jornada del ciclo de conversatorios “A 25 años de la institucionalidad ambiental, una revisión necesaria”, organizado por País circular y el estudio Elías Abogados, el pasado 23 de junio.
Este primer conversatorio abordó el rol que han cumplido la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales ambientales, desde el punto de vista del contrapeso institucional planteado en su génesis como de la justicia ambiental, así como la revisión de su funcionamiento de cara a un nuevo ciclo.
En el panel participaron también Cristián Franz, ex superintendente del Medio Ambiente y consejero senior de Lawgic+ Abogados; Susana Figueroa, directora Legal & Compliance de Veolia Chile; y Luis Cordero, académico de la Universidad de Chile y socio del estudio Ferrada Nehme. Moderó la instancia Jorge Cash, abogado y jefe del Área de Medio Ambiente de Elías Abogados.
El ministro Delpiano planteó que la relación entre la actuación de los tribunales y de la SMA es necesario entenderla como parte de un engranaje, que va entregando “estándares y normas de cumplimiento que por una parte van afinando la potestad fiscalizadora, y en general la acción de la SMA-, dándole garantías también a los administrados”.
En ese sentido, profundizó en tres elementos de esta relación: el alcance de las denuncias como mecanismo de inicio del procedimiento sancionatorio, los programas de cumplimiento como mecanismo de incentivo al cumplimiento ambiental, y los parámetros conforme a los cuales la SMA debe ejercer su potestad sancionatoria.
Susana Figueroa, en tanto, planteó la necesidad de relevar más el rol de los territorios locales al momento de implementar las normas, y de poner la mirada en la justicia ambiental de una forma más amplia. Para robustecer el rol fiscalizador de la SMA, señaló, se requiere de incrementar también su presupuesto para que pueda cumplir a cabalidad su funciones-
Para Cristián Franz, hoy uno de los principales problemas que enfrenta la SMA es un número de funcionarios -250 en total- que es “completamente insuficiente” para cumplir su labor, al igual que el presupuesto de 14.000 millones anuales para fiscalizar un universo de cerca de 15 mil regulados a nivel nacional.
Al mismo tiempo, Cristián Franz dijo mirar con buenos ojos la propuesta de eliminar el Comité de Ministros, ya que todo lo que se pueda hacer por regular mejor la intervención administrativa con respecto a las RCA, o cualquier pronunciamiento del servicio de evaluación ambiental, es positivo.
“Hay que respaldar esta idea de que se eliminen estas cuestiones y pasar directo a la justicia ambiental, que es donde tiene que resolverse estas cosas. Yo creo que si hay disputas con respecto a las RCA, eso se debe resolver donde corresponde que son los tribunales ambientales, y pasar de toda esa vuelta administrativa donde en realidad creo que el derecho administrativo secuestró de alguna manera el derecho ambiental, y de ahí surge toda esta recursividad que es una locura”, afirmó.
Al respecto, Luis Cordero recordó que debate del diseño de la reforma a la institucionalidad ambiental era modificar una institución que en ese entonces tenía un conjunto de atribuciones -la Conama-, que se dedicaba a regular, a evaluar en el sistema de evaluación de impacto ambiental, “y en la fiscalización sencillamente no hacía nada, les quiero recordar que la sanción máxima en el sistema de evaluación de impacto ambiental eran 500 UTM”.
“Lo que hace la institucionalidad ambiental -agregó- es gestionar instrumentos de gestión ambiental. Para bien o para mal, ese es el diseño sobre el cual está construido”. Y en esa línea, planteó que más que pedir más personal o presupuesto, “la pregunta correcta es cómo fortalecemos el sistema de fiscalización ambiental cuyo componente central es la superintendencia de medio ambiente”.
La conversación está disponible para ver en su versión completa en el sitio web de país circular.
Fuente: PaísCircular
