IV Foro Internacional de Justicia Ambiental: Tribunal logró convocar a destacados expositores nacionales e internacionales de manera virtual

IV Foro Internacional de Justicia Ambiental: Tribunal logró convocar a destacados expositores nacionales e internacionales de manera virtual

Durante el 14 y 15 de enero de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental llevó a cabo el IV Foro Internacional de Justicia Ambiental, que reunió especialistas de diversos países abordando temas claves, como constitución y medio ambiente; cambio climático, pueblos originarios, salud y medio ambiente; principios medio ambientales; y experiencias jurisdiccionales.

En la primera jornada, Cristián Delpiano, ministro presidente del Tribunal quien inauguró el Foro -junto a la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt-, se refirió a la contingencia del COVID-19 indicando que “La emergencia sanitaria no puede llevar a que descuidemos otras preocupaciones estructurales que han motivado el trabajo mancomunado de la comunidad mundial en el último tiempo, tales como el cambio climático”.

Pese a que la emergencia sanitaria no permitió realizar el foro presencialmente como en sus versiones anteriores, este se llevó a cabo vía streaming y fue transmitido en dos canales, español e inglés, a través del canal  Youtube del Tribunal.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Marcelo Korc, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, quien también formó parte del Primer Panel: Salud y Medio Ambiente. Korc, indicó que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es sobre “la comunicación y más que nada de percepción. Comunicación si no es de dos vías no es comunicación. El acceso no es solo de medios oficiales, acceden por diferentes mecanismos como las redes sociales, tenemos que tener más cuidado y ser perceptivos para entender cómo diferentes comunidades perciben el tipo de comunicación que están recibiendo” .

Andrea Lucas, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, abogada y especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Córdoba afirmó que “Si bien las negociaciones han sido, para muchos, poco efectivas o muy demorosas siempre han estado presente; tenemos la conferencia de las partes año a año y eso habla de la constancia del régimen de cambio climático nos ha demostrado a partir de los años, que si bien los acuerdos no se dan fácilmente se logran con constancia y todos pensaban en 2009 que se iba a lograr el acuerdo para el protocolo de Kioto y recién de obtuvo en el año 2015. esta es una fortaleza de régimen de cambio climático y el acuerdo de Paris es una demostración”.

Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conectó en su exposición que “el año pasado realizaron importantes resoluciones como la 1-2020 sobre pandemia y DD. HH. en las Américas desde esta perspectiva interseccional con recomendaciones que hacen a cómo poner el derecho a la salud en el centro de las acciones de los Estados y también en otros derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, o la resolución 4-2020 que precisamente impulsamos y que se enfoca en la protección de los DD. HH. de las personas con Covid 19. Es un instrumento novedoso que mediante un enfoque multidisciplinario busca que los estados a la luz de los instrumentos internacionales aplicables generen acciones que protejan la dignidad de las personas con Covid 19 desde un concepto amplio”.

En el Segundo Panel: Cambio Climático, Maisa Rojas , profesora asociada del Departamento de Geofísica, FCFM de la Universidad de Chile, se refirió al rol del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia(CR2): “este observatorio de la ley de cambio climático le ha hecho un seguimiento a todas las etapas de la ley (desde que era anteproyecto). El proyecto entra al Congreso en enero de 2020 y en agosto de 2020 se aprueba en general en el Senado y en octubre la ministra le propone a la Comisión de Medio Ambiente del Senado que es la que ahora tiene que avanzar en la discusión resolviendo las indicaciones que le llegaron al proyecto de que el CR2 participe como un asesor técnico para ayudar a resolver todas esas indicaciones. Hasta donde tengo entendido esta es la primera vez que un centro de investigación participa de una manera tan cercana en el desarrollo de una ley”, afirmó.

También destacó la intervención de Daniel Klein, abogado Internacional y experto en cambio climático de Alemania, quien se refirió al Sistema de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la próxima década concluyendo que “estamos en una década decisiva que va a determinar fundamentalmente nuestras condiciones de vida y nuestra capacidad de sobrevivencia como especie humana; es fundamental disminuir emisiones de efecto invernadero y de carbono neutral e indicadores negativos después del 2050″.

Christina Voigt, profesora del Departamento de Derecho Público e Internacional de la Universidad de Oslo se enfocó en el contexto europeo en la discusión de la ley sobre el cambio climático y la lentitud de la legislación y los jueces para accionar y disminuir las emisiones, pese a que “esta es una emergencia como ninguna otra”.

Maxx Dilley PhD y MD en Ciencias de la Universidad Estatal de Pennsylvania, concluyó en su presentación que “evidentemente la tendencia y los indicadores hidrológicos tienen impactos: vimos 10 millones de personas desplazadas en el sudeste asiático y el sur de África a raíz de estos desastres y peligros hidrometeorológicos; también la Organización Mundial de Alimentos ha indicado un aumento en la hambruna está relacionado con los impactos hidrometeorológicos que tiene consecuencias en los humanos y en la vida silvestre”.

El Tercer Panel: Pueblos Originarios, fue abierto por Francisco Cali Tzay, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, quien reflexionó sobre repensar los modelos de desarrollo como lo plantean los pueblos indígenas “Los pueblos indígenas que mantienen su derecho al territorio y autonomía regional o la práctica a la libre determinación, han demostrado poder parar los contagios masivos en sus territorios de Covid-19”, afirmó.

Durante su intervención en el Cuarto Panel: Constitución y Medio Ambiente, Gerd Winter, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bremen, explicó que “como reacción, el Tribunal de DD. HH. como el tribunal de la Unión Europea, ha considerado un margen de discreción en donde no debe intervenir el Poder Judicial; los límites de esa participación está bajo el uso de ciertos poderes que no ayudan mucho”.

Jordi Jaria, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili, se refirió al momento que vive Chile respecto por la Convención Constitucional: “de algún modo hay problemas significativos desde el punto de vista de una constitución nacional intentando codificar un modelo de convivencia más o menos estructurado para un futuro que se nos plantea incierto”. Finalizó planteando las siguientes preguntas “¿Qué autonomía tiene un poder constituyente nacional? ¿Qué papel puede jugar una constitución nacional en la protección del medio ambiente ante procesos globales que escapan del ámbito de un Estado –nación y por otra parte, con unas técnicas que de algún modo, calzan más con las incertidumbres en que vivimos y la que nos esperan?”.

Henry Jiménez-Guanipa, profesor del Heidelberg Center para América Latina, investigador y consultor internacional en energía, medio ambiente, cambio climático y derechos humanos, destacó que “otro aspecto que será de debates en el mediano plazo, tienen que ver con las barreras económicas, las tasas judiciales, los honorarios profesionales de los abogados, los costes de los peritos, las cauciones o fianzas, los estudios de impacto ambiental la imposición de costas entre otros gastos procesales conforman la lista de elementos que pueden convertirse en impedimentos para que los ciudadanos y las ONGs accedan a la justicia ambiental sin muchos obstáculos sin contar las amenazas a los defensores del medio ambiente, Escazú (acuerdo) exige en las partes del artículo 9 garantizarles un entorno seguro y propicio para actuar sin amenazas ni inseguridad”.

Liliana Galdámez Zelada , profesora asistente (O), del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se refirió a la actuales leyes ambientales que “uno podría decir que esta fórmula que está en la constitución es muy de los ochentas, clásica, antigua, centrada en ámbitos de la relación personas –entorno desde una perspectiva individual que reconoce un derecho subjetivo y no otras dimensiones de la naturaleza y de la biodiversidad”.

Amaya Álvez Marín, profesora Asociada de la Universidad de Concepción – Investigadora CRHIAM, realizó la presentación “Enfoque de Género para el Tratamiento Constitucional de la naturaleza”, en la que concluyó que es mucho mayor el número de mujeres activistas en derechos de la naturaleza, que se explica porque las mujeres entran a la lucha medioambiental por sus experiencias cotidianas, cómo afecta la maternidad o la salud de los hijos o de otras personas dependientes de ellas, por ejemplo, el no tener agua para consumo humano o para saneamiento, las obliga a entrar”, acotó.

En el Quinto Panel, dedicado a los Principios Jurídicos Medioambientales, Dina Shelton, profesora emérita de Derecho Internacional de la Universidad de George Washington, recordó convenciones anteriores y que” la declaración de Rio reiteró varios principios que estaban en la declaración de Estocolmo e incorporó varios más para crear nuevos principios con tremendos impactos. Luego de Río de Janeiro prácticamente todas las convenciones ambientales de envergadura guardan relación con la cooperación internacional que también refleja la protección ambiental como una de sus metas”.

Ángela Amaya Arias, integrante del grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, realizó su presentación sobre “el principio de no regresión”, Una disminución del nivel de protección ambiental alcanzado, sin que haya una justificación o motivación que deberá ser razonada, pormenorizada y particularizada, obligación que se encuentra en la cabeza del Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de invalidez que prima facie que pesa sobre las medidas supuestamente regresivas”

Susana Borràs Pentinat, profesora de Derecho Ambiental internacional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili. Dentro de sus conclusiones en la exposición “Los principios jurídicos del ecoceno” indicó que ”transitar hacia esta línea de mejora de derecho ambiental del antropocentrismo a un derecho ambiental más ecológico que responda a la necesidad de justicia ambiental, pero también de justicia ecológica y que responda a la necesidad de reforzar derechos humanos en una situación de colapso eco social parece una situación de regresión a la par de protección ecoambiental.

Peter-Tobias Stoll, Profesor de derecho internacional público en la Universidad Georg August de Göttingen. Explicó la perspectiva europea para reflexionar sobre el desarrollo sostenible y compartir experiencias. “No hay mucho contexto jurídico para esto; el desarrollo sostenible desde la óptica del pacto verde se visualiza como un emprendimiento burocrático de gran envergadura; es loable, es impresionante pero queda la duda si acaso no hay un papel que puedo juzgar los abogados. Uno puede pensar que está plenamente implementado”.

Finalizando la última jornada, el sexto panel, dedicado a las Experiencias Judiciales, contó con la participación de Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo de España, quien además preside la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Sala de lo Contencioso Administrativo invitó a reflexionar: “pensemos realmente, en el fondo, que el ser humano es el que tiene que tener una vida adecuada y digna dentro de su medio ambiente y veamos cómo desde una perspectiva jurídica y más concretamente desde una perspectiva jurisdiccional, podemos conectar sin limitar su propio derecho fundamental en ese ámbito excepcional, y de gran progreso, como el derecho medioambiental”.

Alejandro Ruiz, Ministro del Segundo Tribunal Ambiental destacó los desafíos de los tribunales ambientales de Chile en estos 8 años de existencia y “uno de ellos es la complejidad de selección de ministros de Tribunales Ambientales es solo comparable a sus símiles de contralores y fiscales incluso tiene mas etapas que un ministro de la corte suprema hacen que sea absolutamente desproporcionado y urge un cambio legal en esta materia.

Mary Kay Lynch, Jueza de la Junta de Apelaciones Ambientales (EAB) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Destacó la cantidad de dictámenes de sus sistema judicial “La mayoría de los casos en nuestro sistema de dictámenes resuelven la materia. Solamente un pequeño porcentaje de nuestros dictámenes son apelados al sistema federal (solo 8%), de tal manera que en materia de que las personas puedan recurrir es real.”

Brian Preston Presidente de la Corte de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur. “podemos ver entonces que la función de los tribunales han sido una experiencia respondiendo ante una sociedad en permanente cambio y así también el medio ambiente.

Sobre el Foro Internacional de Justicia Ambiental
El Foro Internacional de Justicia Ambiental es uno de los eventos más destacados en la región del tema ambiental y se realiza cada dos años. que se realiza cada dos años, constituye el mayor evento de su tipo en Chile, y es uno de los principales de la Región.

Liderado por el Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, tiene como propósito enriquecer el debate en materia de justicia ambiental y está dedicado a magistrados de tribunales superiores, constitucionales, ambientales, académicos y especialistas en materias vinculadas a la Justicia Ambiental y las distintas expresiones del Derecho Ambiental, a nivel nacional como internacional.

Las ediciones anteriores han tenido como protagonistas a Jueces, académicos y destacados profesionales del mundo ambiental, provenientes de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Perú, Suecia y Chile.

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